Hanna Jarzabek

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Magdalena Fuchs es abogada de la Asociación para la Intervención Jurídica (SIP en polaco) en Varsovia. SIP es una de las organizaciones no gubernamentales centradas en la migración en Polonia. Desde marzo de 2022, Magdalena ha estado trabajando en la crisis fronteriza entre Polonia y Bielorrusia, interviniendo en casos de migrantes detenidos en uno de los Centros de Internamiento de Extranjeros (SOC en polaco).

"Intervenimos una vez que los inmigrantes ya están internados en un CIE. En Polonia, hay varios centros de este tipo, pero nosotros visitamos dos una vez al mes: Kętrzyn y Wola. Para que esta reunión pueda tener lugar, el extranjero primero debe expresar su voluntad de reunirse con nosotros, ya que no podemos actuar por iniciativa propia. En general, las personas que trabajan en los centros deberían proporcionar nuestra dirección de correo electrónico como parte del acceso a la asistencia jurídica que el Estado polaco debería garantizar. Nuestra ayuda es gratuita y normalmente está indicada en los documentos que se entregan a los extranjeros. Teóricamente, estos documentos también deberían estar en inglés y árabe, o se debería proporcionar un intérprete para que el extranjero pueda comprenderlos, pero es difícil afirmar que esto se cumple siempre. La información sobre nuestra ayuda también puede ser enviada a través de otros canales, pero al no tener acceso a la parte habitada del Centro, no estoy segura de cómo se realiza.

Si un extranjero expresa su deseo de conocernos, generalmente no tenemos problemas para entrar a los Centros y, durante la reunión, determinamos su historia, preguntamos cómo llegó a Polonia, si ha experimentado rechazos previos, cuál ha sido su historia en el país de origen, etc. Estamos haciendo todo lo posible con los recursos legales para liberarlos de la detención y explicarles su situación legal. Porque hay situaciones en las que dicha detención no está justificada. En general, como asociación, sostenemos la posición de que la detención no es una solución adecuada, pero siempre verificamos primero si la detención en un caso específico está legalmente justificada; es decir, si no excede el plazo permitido por la ley polaca, si cumple con las directivas de la UE y si la persona no se encuentra en una situación delicada, por ejemplo, como víctima de violencia o con alguna enfermedad crónica. En tales situaciones, esa persona no debería haber sido enviada a una instalación de ese tipo. 

Cuando alguien nos informa que ha sido pushed-backed, teóricamente se puede presentar una queja ante el Tribunal de Estrasburgo, pero en realidad es un proceso muy complicado. Nos referimos a la Convención de Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), donde el segundo artículo aborda el derecho a la vida y el tercero prohíbe la tortura; se puede demandar a Polonia por violar esta Convención en casos de push-backs. Sin embargo, la realidad es diferente. En primer lugar, el Tribunal podría descartar la denuncia por falta de pruebas, ya que las devoluciones son difíciles de demostrar, generalmente carecen de fotografías, declaraciones o evidencias más allá de las palabras de la persona afectada. En segundo lugar, estos casos suelen extenderse durante tres o cuatro años y, durante ese tiempo, el hecho de haber presentado la denuncia no repercute positivamente en la situación del extranjero; a veces sucede lo contrario. Por eso, muchas personas optan por no presentar este tipo de denuncias, a menos que sientan una necesidad imperiosa de dignidad. Pero es un proceso complicado y muy prolongado, por lo que la mayoría prefiere no correr ese riesgo. Si el Tribunal emitiera una sentencia positiva en un caso similar, al menos una vez, sentaría un precedente y sería una herramienta valiosa para el futuro, aunque pensando a nivel individual, a veces creemos que podemos ayudar mejor a una persona en su proceso dentro de Polonia que presentando una denuncia.

Estoy intentando averiguar si un extranjero en particular recibió alguna notificación antes de ser pushed-back. En teoría, debería haber una decisión por escrito de abandonar el país. Este proceso administrativo debe ser registrado, se debe redactar un protocolo y el extranjero debería recibir una copia de esta resolución. Sin embargo, en la práctica, esto no sucede. Cuando solicito acceso a este tipo de documentos a los guardias, normalmente me informan que no tienen tales documentos. Es difícil determinar si esto es cierto o no. Podríamos presionar y exigir acceso a los registros, pero por cuestiones prácticas, es difícil debido a la falta de nuestras instalaciones en la región y las limitaciones para viajar continuamente desde Varsovia. Por lo tanto, desconocemos si estas decisiones se emiten, si se mantienen archivadas y por cuánto tiempo. Hasta ahora, en mi experiencia durante estos pocos meses de trabajo, no he conocido a ningún extranjero después de un pushed-back que haya recibido tal documento. En una ocasión, alguien me contó que le entregaron un papel para firmar antes de ser devuelto al lado bielorruso. Por supuesto, esta persona no recibió ninguna copia y el documento no fue traducido, por lo que ni siquiera sabe lo que firmó. El gobierno polaco ha introducido una directiva en la legislación para hacer que la emisión de tales órdenes sea legal, pero los guardias fronterizos a menudo ni siguiera respetan estas normativas.

En términos generales, la legislación migratoria polaca está alineada con la de la UE en lo que respecta a las personas que solicitan o desean solicitar protección internacional, así como en lo referente a la deportación a sus países de origen. Sin embargo, lo que cambió el gobierno polaco cuando comenzó la crisis en la frontera con Bielorrusia fue la decisión de forzar a las personas a regresar y salir de Polonia, algo que no está contemplado en la legislación de la UE. En teoría, la Comisión Europea podría presentar una denuncia contra Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero existen varias cuestiones, incluyendo aspectos políticos. Por lo tanto, no se está llevando un seguimiento real de lo que sucede aquí. Lamentablemente, la política migratoria europea también presenta deficiencias, ya que se enfoca en la externalización de la protección de las fronteras, y en este sentido, la situación de Polonia no es una excepción.

Otro instrumento a veces utilizado aquí en la frontera es conocido como "Interim". Esta es una medida preventiva establecida por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Estrasburgo. Se emplea cuando existe el riesgo de violación de los derechos humanos de personas en el territorio de un estado que es parte de la Convención. Por lo tanto, se considera únicamente lo que sucede en el lado polaco, ya que en Bielorrusia la Convención no se aplica. El "Interim" obliga al Estado parte de la convención, es decir, a Polonia, a hacer todo lo posible para asegurar que los derechos humanos de una persona en particular no sean vulnerados, incluso incluyendo la aceptación de una solicitud de protección internacional de esa persona. Sin embargo, esta solicitud provisional debe enviarse por fax, no por correo electrónico, y generalmente se espera una respuesta en un plazo de 24 horas. Por lo tanto, en situaciones donde nos encontramos con un refugiado en el bosque y existe un peligro real de que sea pushed-back, solicitar un "Interim" realmente no resuelve nada. En primer lugar, resulta complicado enviarlo por fax en un entorno como un bosque y, en segundo lugar, su envío por sí solo no otorga fuerza legal, ya que la guardia fronteriza podría simplemente desestimarlo. En el momento de la detención, lo único que un extranjero puede hacer para intentar evitar el rechazo es solicitar asilo.

De acuerdo con las normativas polacas y europeas, así como la Convención de Ginebra, si un extranjero cruza la frontera, incluso ilegalmente, y declara su deseo de solicitar asilo, todos los servicios, ya sea la guardia, el ejército o cualquier otro organismo, están obligados a permitirle presentar dicha solicitud. Sin embargo, hemos observado que en la práctica, incluso cuando las personas expresaban esa voluntad, no se les brindaba ayuda y eran rechazadas. Al hacerlo, la Guardia Fronteriza actúa en contra de todas las leyes aplicables.

Con frecuencia, los guardias argumentan que la persona no deseaba solicitar asilo en Polonia, por lo que se le notificaba la obligación de abandonar el país y eran "escoltados" hasta la frontera. Desde un punto de vista legal, si alguien cruza la frontera ilegalmente, puede recibir una orden de abandonar Polonia. Así, "escoltar hasta la frontera" es una manera de aplicar esa decisión de regresar por donde se ingresó. Sin embargo, de acuerdo con las regulaciones vigentes en Polonia, dicha decisión no puede tomarse si existe un riesgo de vida o peligro para las personas al regresar a un país específico, y se reconoce ampliamente que la situación en Bielorrusia no es segura. Ninguna oficina polaca o tribunal polaco puede afirmar desconocer esta realidad o considerar que es seguro, alegando que nada sucederá a la persona tras su retorno. Más aún, si esta "escolta hasta la frontera" implica forzar a las personas a subir a un vehículo y abandonarlas en algún lugar del bosque, constituye una violación de todas las leyes constitucionales y normas internacionales.

Otro hecho a considerar es que estas acciones de push-back suelen ser colectivas. Es decir, si los guardias fronterizos atrapan a un grupo de personas en el bosque, en lugar de analizar cada caso individualmente, los devuelven a todos en conjunto. Esto contradice tanto la legislación polaca como el derecho internacional y la Convención de Ginebra. Los guardias están obligados a interrogar a cada persona por separado para obtener información básica, como de dónde provienen, por qué están allí y cuál es la situación en su país de origen, así como también cuál es la situación en Bielorrusia. Sin embargo, estas prácticas no se llevan a cabo en el bosque.